Tecnología aplicada

Las Administraciones Públicas y la sociedad de la información en España

11 Diciembre 2007

En los últimos diez años las estadísticas sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España registraban sistemáticamente una situación no muy ventajosa en el marco europeo donde nos integramos. Todavía hoy, pese a la aceleración habida en estos últimos años, la posición de nuestro país dista de estar en el lugar que le corresponde,  especialmente  la derivada de su potencial lingüístico (una comunidad superior a los 400 millones de habitantes).

Durante estos años las Administraciones Públicas españolas han desempeñado un papel muy dispar. Desde los pioneros y avanzados planteamientos de la Agencia Estatal de la Administración tributaria y la Seguridad Social para modernizar sus procesos internos y algunas de sus gestiones con los ciudadanos, a las más elementales carencias y apuestas en materias que eran propicias para que los ciudadanos percibieran las ventajas y avances en la eficiencia de los servicios públicos a través de las TICs.

Los ciudadanos y los servicios de las Administraciones Públicas

Internet ha avanzado inequívocamente hacia el protagonismo más absoluto de los usuarios. Desde la entrada de esta década, el denominado Internet 2.0 ha desplazado a todos aquellos enfoques, proyectos e iniciativas en los que el usuario no desempeña una papel activo y destacado.  Desde esta perspectiva se echaba en falta una respuesta ambiciosa e imaginativa por parte de las Administraciones Públicas a la hora de traducir los nuevos planteamientos predominantes en Internet en relación con los usuarios. 

Una minoría de los políticos iniciaba sus blogs casi llevados por la corriente predominante, pero sin comprender bien las implicaciones que para las propias Administraciones Públicas llevan consigo estas mismas tendencias. Desde muchos foros se vertían lamentaciones sobre el divorcio entre las Administraciones Públicas y las prácticas predominantes en el nuevo Internet.

Un intento de cambiar el estado de la cuestión es la red 060 (http://www.060.es/ ) cuyo objetivo es poner al alcance de los ciudadanos y empresas la totalidad de servicios electrónicos de todas las Administraciones. Algunos ciudadanos pueden comprobar que se puede poner una denuncia en línea ante la policía nacional a través de Internet, así como la posterior comprobación sobre el estado de tramitación de la denuncia y elegir la comisaría en la que se desea firmar para darle validez jurídica.

La iniciativa en sí misma ya supone un ejercicio extraordinariamente interesante a la hora de “auditar” lo que hacen y no hacen las administraciones, al igual que el “cómo se hace”. Un paso importante y útil para incentivar potenciales reingenierías de procesos, detectar carencias de servicios, mejoras potenciales en otros, etc., dentro de un marco actual en el que predomina la heterogeneidad en el desarrollo de los diferentes servicios electrónicos.

Es evidente que, en la actual fase de Internet,  las Administraciones Públicas no pueden conformarse con “tener presencia en la red” “dar información” o “descargar formularios”. Internet debe desarrollar todo su potencial de servicio a favor de los ciudadanos, haciendo posible gestiones y trámites completos y permitiendo desarrollar los derechos ciudadanos, quejas, fallos en las calidades de los servicios prestados, e incluso, sus aspiraciones en estos temas. El denominado “feedback” de los usuarios podría ser, en el caso de las Administraciones Públicas, decisivo para la modernización y desarrollo de muchos servicios al ciudadano que ganarían en eficiencia, racionalidad y productividad.

De cumplirse estos cometidos por parte de  las Administraciones Publicas es previsible que éstos tendrían un efecto ejemplarizante muy beneficioso para el desarrollo de la industria de Internet en España y en general para el desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país.

Un recurso muy  interesante para el logro de estos objetivos en la recientemente aprobada Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) que garantiza el derecho de todos los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos y obliga a éstas a disponer de la totalidad de sus servicios públicos accesibles por esta vía para, como muy tarde, finales de 2009.

Los primeros resultados de estas iniciativas han sido bastante positivos.  Aparte del incremento de los servicios electrónicos de los diferentes departamentos ministeriales, la normativa está propiciando una mayor coordinación entre Ministerios y  Administraciones. Un punto importante es esta  nueva fase es la extensión del DNI electrónico y la universalización a la hora de realizar transacciones seguras en Internet para todos los ciudadanos españoles.

En definitiva, la metodología planteada por el Ministerio de Administraciones Públicas  supone un avance en el actual marco europeo, carente de referentes claros a la hora de plantear modelos de actuación para los poderes públicos en el objetivo de acelerar el desarrollo de la sociedad de la información y los beneficios derivados del uso de Internet para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.

No obstante, hay todavía un déficit de información ciudadana a la hora de percibir estos cambios en de las Administraciones Públicas españolas. Quizás estas tengan recursos más que suficientes para llegar al ciudadano y todo sea una cuestión de tiempo. Sin embargo, no estaría de más que se emplearan los métodos que el propio Internet 2.0 ha probado con éxito.  Al respecto las administraciones deberían propiciar la sindicación de información actualizada, hasta lograr que el resto de la red fuera un buen aliado a la hora de difundir información de dominio público que nos interesa todos.

En todo caso, por fin soplan vientos en dirección favorable. Ojalá que pronto vengan las lluvias y las cosechas. El modelo económico de este país lo requiere incluso mucho más de lo que los indicadores económicos al uso son capaces de mostrarnos.

Andrés Pedreño Muñoz
IEI

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